El año 2012 ha significado para la nación colombiana una pérdida de su soberanía económica, política, cultural, tecnológica y militar. A medida que los procesos de apertura económica avanzan, nos vemos sometiditos con mayor presión a la estructura económica capitalista. Actualmente Colombia se encuentra en un contexto social muy precario: los niveles de pobreza no disminuyen, la desigualdad se mantiene, la delincuencia en las ciudades va en aumento, la desescolarización aún es alta, el conflicto armado sigue latente en las zonas rurales y urbanas, la inversión social es insuficiente, etc.

En los últimos diez años, la relación entre crecimiento económico y desarrollo ha sido inversamente proporcional, si nos acercamos al concepto de desarrollo sostenible como “un proceso de transformación en el cual la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y el cambio institucional se armonizan y refuerzan el potencial presente y futuro, con el propósito de atender a las necesidades y aspiraciones humanas.” Hemos visto que en este periodo de tiempo, las inversiones han aumentado como resultado de la confianza inversionista del gobierno del ex-presidente Álvaro Uribe Vélez, la explotación de recursos naturales también ha aumentado y las instituciones se han transformado, pero los índices de desigualdad se mantienen estables, “según Samuel Azout, alto consejero para la Prosperidad, Colombia sería hoy el cuarto país del mundo en desigualdad, con un índice Gini de 0,58.” 

Mientras el 17 de mayo del 2012, en la sede central de  la Organización de las Naciones Unidas, La Asamblea General de dicha organización celebraba el quinto aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, “un documento que supuso un hito histórico en la lucha de esos pueblos y que es todavía un punto de partida para avanzar en sus derechos”, la misma institución alertaba tras bambalinas de la actual situación de estos pueblos, “considerándolos como uno de los grupos más desfavorecidos del mundo.” De este modo, mientras el presidente de la Asamblea General, el catarí Abdulaziz al Naser, afirmaba que con la aprobación de la declaración en 2007 "la humanidad dio un paso enorme hacia la consecución de un mundo justo y equitativo, fundado sobre los principios de igualdad, justicia y respeto a la diversidad", en la realidad, los pueblos indígenas en el mundo entero son víctimas de exclusión política y económica; de marginación y la explotación; son reclutados forzosamente por grupos al margen de la ley, y sometidos a represión, tortura y asesinato. Esta situación conlleva, en la mayoría de los casos, a la pérdida de la identidad y al paulatino abandono de sus idiomas y sus costumbres tradicionales, como consecuencia de la continua migración y desplazamiento a la que son sometidos.

En el mes de abril del mismo año, se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Territorio, Productividad, Ambiente y Minería, realizado durante los días, 24, 25, 26 y 27 del 2012, en el Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación de la Sociedad Civil de La María, Piendamó, Cauca, Colombia, que centro su atención en el análisis conjunto de la realidad rural en cuanto a: tierra y territorio, productividad y modelos económicos alternativos, medio ambiente y minería. Uno de los énfasis del encuentro era acompañar las acciones sociales que se estaban realizando en defensa del territorio y del ambiente e impulsar otras de mayor dimensión para  los meses venideros. Como lo informó el CRIC “una de las preocupaciones centrales del momento es la presentación por parte del gobierno de su proyecto de ley de tierras y desarrollo rural, cuyo contenido es altamente lesivo para campesinos, indígenas y afrodescendientes.”

Desde dos años atrás ya venían teniendo lugar mítines similares, como el realizado en el año 2010, cuando más de 5 mil indígenas se congregaron en el Páramo de Pisno en contra de la minería y en defensa del espíritu del agua; en una actitud de protesta parecida, en el 2012, la Junta directiva de Jambaló, manifestó la necesidad de atender el llamado de la madre tierra para detener la explotación minera en manos de las multinacionales, proteger los territorios, conservar las culturas y fortalecer los planes de vida.

Hoy en día, los grupos indígenas en el departamento del Cauca tienen que afrontar dificultades de diferente naturaleza, como es el caso de los derechos colectivos, la denominación de tierras baldías, la consulta previa, reforma agraria y desarrollo rural; coordinación intersectorial, conflicto armado y la intervención de actores externos e internos que tratan de quebrar su unidad. Adicionalmente, existe una problemática interétnica e intercultural, promovida por el gobierno para no afectar la gran propiedad y romper la unidad entre campesinos, afros e indígenas.

Los informes del Encuentro Nacional de Territorio, Productividad, Ambiente y Minería, identificaron que las nuevas políticas institucionales en materia de desarrollo rural promueven la desterritorialización y el repoblamiento desde las lógicas neoliberales, indicando la necesidad de una política de desarrollo humano rural y de crecimiento productivo, que ponga fin al prejuicio de la improductividad de la producción a pequeña escala y que glorifica la supuesta competitividad de los macrofundios agroindustriales o ganaderos. Es necesario iniciar procesos de desarrollo rural desde la equidad y la redistribución, es decir, dando soluciones de tierra, vivienda y servicios, tecnología, capacitación del recurso humano, crédito, infraestructura, tributación progresiva y gestión. Otra estrategia del gobierno identificad es la extranjerización de la tierra que se vende al capital transnacional.

En la actualidad cursan en el Congreso de la República dos proyectos de ley sobre tierras: por un lado, y desde la perspectiva funcionalista, se encuentra la propuesta del gobierno nacional, que mantiene el “saneamiento de la falsa tradición”, permitiendo legalizar despojos e insiste en la figura del “derecho de superficie”, que podría servir para que los desplazados cedan por décadas sus tierras y las mismas puedan comerciarse en el mercado financiero. Y por el otro, desde un punto de vista más contestatario, se encuentra el proyecto alternativo que “parte de los objetivo de la soberanía alimentaria, la defensa de la diversidad étnica y cultural y los derechos territoriales de los grupos étnicos; reivindica la importancia del fortalecimiento de la economía campesina e indígena y el papel de la mujer rural, así como el establecimiento de medidas que conduzcan a la protección del ambiente, el adecuado aprovechamiento del suelo y la reversión de la extrema concentración de la propiedad de la tierra a su redistribución”.

Adicionalmente, en la actualidad ha sido cuestionado el proceso de consulta previa, dada la dificultad para que los temas de discusión nacional y la información llegue a las bases, y que ésta está siendo utilizada para anteponer el derecho general sobre el particular y legitimar las propuestas del gobierno; se sostuvo que éste es un derecho ganado por los procesos de movilización, el cual ha sido reconocido en Colombia por ser parte del orden jurídico internacional y examinado por la corte Constitucional que indica que la Consulta debe ser un procedimiento obligatorio en territorios indígenas y afros, debiendo ser aplicado con consentimiento previo libre e informado. Se propuso entonces, avanzar en términos de hacer vinculante el derecho a la Consulta a otros sectores y que frente a lo legislativo la Mesa nacional de concertación suspenda este proceso hasta tanto no haya garantías.

Otro punto álgido en el debate indígena actual es el tema relacionado con las bases militares con presencia en los territorios indígenas, se habló de la disputa por los territorios étnicos-ambientales por parte de actores armados y de negociantes desarmados, que resulta siendo la causa directa de las masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos de los pueblos indígenas, entre ellas el desplazamiento forzado. Se dijo también que gran parte de los conflictos se derivan de la esquizofrenia de las normas y de las políticas públicas, como ejemplo se puso la legislación minera que declara de utilidad pública e interés social, la exploración y explotación de recursos, lo que implica que dichas actividades priman sobre los derechos individuales o colectivos.

Dentro de las principales medidas para evitar el despojo de los territorios indígenas se propusieron: i) la implementación de leyes que dispongan que los gastos y la administración del paisaje cultural indígena se encuentra en manos de las comunidades autóctonas; ii) que se dé facultad a dichas comunidades para percibir del turista aportes para la ejecución de obras y cubrir otras necesidades; y iii)Todo emprendimiento económico, cultural y social de iniciativa del gobierno nacional, de la empresa privada, de ONG´s u otros cuenten con el permiso de las comunidades.

Hasta el momento he analizado la problemática de la tenencia de tierras que atraviesan los pueblos indígenas del Cauca, problemática que trastoca a la mayoría de los pueblos indígenas en el mundo entero, y que encuentra sus raíces en los procesos de conquista y colonización del continente americano, que se ha extendido a lo largo de la historia, inicialmente por medio de capitulaciones, mercedes reales y encomiendas,  hasta nuestros días bajo otra cara: las empresas trasnacionales. Resaltaba como uno de los mayores problemas que enfrentan las comunidades indígenas está relacionado con la explotación de los recursos naturales por parte del sistema capitalista mundial en el frente minero-energético y agroindustrial.

En  la actualidad, los pueblos indígenas se encuentran ante los retos que se les impone con el TLC, que acentúa la tendencia de la explotación trasnacional. “El libre comercio representa para los pueblos indígenas la amenaza más significativa contra nuestros territorios y nuestras formas de ser y estar relacionados con la naturaleza. Es la versión más reciente del modelo colonialista que han alimentado los imperios durante toda la historia de la humanidad. No satisfechos con despojarnos por medio de la intimidación del plomo asesino, con leyes quieren quitarnos lo que nos pertenece desde mucho antes del establecimiento del Estado. Leyes como el Código de Minas, la Ley Forestal (declarada inconstitucional), el Estatuto de Desarrollo Rural, entre otras que ya existen o se proyectan imponer, hacen que nuestros derechos constitucionales a un territorio autónomo, imprescriptible, inembargable e inenajenable se conviertan en una ficción, ya que a duras penas podemos habitarlo o simplemente transitarlo.”

La posición de las comunidades indígenas del departamento del Cauca frente al TLC es de total oposición, proponiendo la necesidad de fortalecer una estructura económica basada en los trueques y las producciones agroecológicas, como formas de incentivar los modelos económicos que limiten la política del TLC, demostrando que los pueblos indígenas tienen autonomía alimentaría, producción y mercados propios, recomendando tener en cuenta elementos como las concepciones étnicas de la producción, las propuestas que se viene haciendo desde las ciudades; las líneas de acción conjunta para detener las políticas neoliberales y los planes de acción para contener las leyes del despojo, desde la construcción de normatividad y mandatos propios desde las comunidades de base. Desde esta perspectiva, se propuso construir y articular alternativas sociales invitando a tener en cuenta los mandatos del Congreso nacional de tierras, territorios y soberanías llevado a cabo en Cali entre el 30 de septiembre y 4 de octubre del año pasado, con relación a Consolidar la unidad de las organizaciones populares, el cuidado de la Madre Tierra y reconocimiento de sus derechos; la solución del conflicto armado colombiano, la liberación de la Madre Tierra y la construcción social de una ley de Reforma Agraria y lo territorial, tanto urbano como rural que incluya las necesidades y aportes de los niños y niñas del país.

Como respuesta a los retos planteados por el TLC, el alcalde del municipio de Caldono, el ingeniero Darío Jesús Sandoval Fernández elegido para el periodo 2012-2015, ha suscrito en el mes de mayo del 2012 un convenio con la Gobernación del Cauca y el Comité Departamental de Cafeteros para el fortalecimiento de la caficultura, aprovechando que en el departamento del Cauca se ha dado un desarrollo cafetero dinámico que ha consolidado un modelo productivo claramente diferenciado de las otras regiones cafeteras; de este modo, se busca la implementación de la propuesta “CAFICULTURA EN EL PACTO SOCIAL POR EL CAUCA”, que beneficiara a los caficultores de este municipios en especial a los pequeños productores , buscando la inclusión de los jóvenes de la comunidad en este proceso productivo.

Si se adopta un modelo de desarrollo que se acomode a las necesidades y oportunidades que nos brinda el TLC, es decir, “si se construye un modelo de desarrollo suponiendo la estructura capitalista, es evidente que el desarrollo propuesto solo podrá realizarse en el contexto de esa estructura. La aplicación del modelo a un caso puede entonces chocar con una estructura aún precapitalista”

Desde un punto de vista funcionalista, este convenio se acomoda al Plan Nacional de Desarrollo de Colombia y del departamento del Cauca, pues el café especial es uno de los productos priorizados dentro de la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad del departamento del Cauca, elaborada por el Departamento Nacional de Planeación. Éste documento, “promueve una visión compartida del desarrollo regional que tiene en cuenta la riqueza étnica, cultural y biodiversa del departamento. Su propósito es incrementar la competitividad de los sectores productivos de mayor impacto en la región (entre ellos el café)  mediante un proceso de diferenciación de los productos y servicios autóctonos. Se trata, en palabras de las entidades que formularon la propuesta, de ‘impregnar’ los procesos productivos característicos de la región con un sello de identidad que los garantice como caucanos.

Frente a esta situación, y desde una perspectiva transformacionalista, han surgido duras críticas a este modelo que se deriva de la política económica del actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos que se basa en cinco locomotoras productivas: vivienda, infraestructura, minería, agroindustria e innovación tecnológica e investigación científica. Una de las prioridades en materia de crecimiento económico que se plantea el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad Para Todos”, es atraer mayor inversión extranjera, que no es otra cosa que abrir el país al capital trasnacional. Desde el punto de vista de la población indígena, y de los más contestatarios,  la “Prosperidad para Todos” no es una prosperidad precisamente para el pueblo colombiano, sino una prosperidad para empresarios colombianos y extranjeros. Dentro de las implicaciones de las “locomotoras” o Megaproyectos, se encuentran la generación y profundización de conflictos territoriales, la militarización de los espacios civiles y violaciones sistemáticas de los derechos humanos, así como la criminalización de las voces  e
protesta y han generado un cambio profundo en las formas de producción y de vida dentro de las comunidades.

Por otro lado, el día 23 de mayo de 2012, los representantes de la Alcaldía Municipal de Caldono, entre ellos el secretario de gobierno Dr. Carlos Pascue, se reunieron en la Asociación de Cabildos con embajadores de la Unión Europea, con delegados de la ONU y de la OEA, con representes delegados del CRIC, gobernadores de los cabildos y víctimas del conflicto armado. En el encuentro, el señor alcalde Darío Sandoval, expuso la problemática del conflicto en el municipio y solicito el apoyo de la comunidad internacional para los proyectos que se ejecutaran en este cuatrenio. De la misma manera, el secretario de gobierno municipal Dr. Carlos Pascue y el personero municipal Dr Carlos Ayo, expusieron todo lo concerniente al tema de Derechos humanos y los hechos acontecidos hasta la fecha en materia de orden público.

En un comunicado público realizado por La ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL NORTE DEL CAUCA, ACIN – CXHAB WALA KIWE, el día 9 de junio de 2012, se expuso el contexto general en el que se encuentran las comunidades indígenas, frente a la grave situación en los territorios indígenas del norte del Cauca, debido a los continuos y sostenidos actos de guerra, resultado de los operativos militares que actores armados legales e ilegales desarrollan en la región, sin ninguna consideración con la población civil y, violando de manera flagrante las normas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. La profundización de los hechos de violencia tuvieron lugar desde el  pasado 14 de mayo, en los resguardos indígenas de La Cilia la Calera, municipio de Miranda, Huellas, municipio de Caloto, Cerro Tijeras, municipio de Suarez en el departamento del Cauca, se presentan fuertes y constantes combates entre tropas pertenecientes al Ejército Nacional y miembros de la guerrilla de las Farc, hecho que ha producido constantes desplazamientos a los Sitios de Asamblea Permanente ubicados en las comunidades y a la cabecera municipal de Miranda y municipios aledaños de la región, entre otros hechos.

Ante el contexto actual de violencia que se vive al norte del departamento del Cauca, es necesario mencionar que se han violado muchas de las normas del derecho internacional humanitario por parte de los actores armados que combaten desde hace un mes en la región, dentro de los hechos más significativos se destacan:

Al menos unas 500 personas desplazadas y sin atención adecuada por parte de las instituciones encargadas para tal emergencia.

Casas de la gente desplazada tomadas como trinchera, puntos de abastecimiento y bodegas para almacenar material de guerra por parte de ambos actores armados.

Guerrilleros de las Farc utilizando símbolos humanitarios y tradicionales (logotipos, pañoletas y bastones de la guardia indígena) para movilizarse de un lugar a otro y en medio de la población civil.

Guerrilleros vestidos de civil hostigando a miembros del ejército nacional en medio de la gente.

Contaminación ambiental y territorial con restos de explosivos que quedan diseminados por el campo después de los combates.

Suspensión de labores escolares en varias escuelas resultado de los combates.

Población altamente aterrorizada, en zozobra y con miedo permanente debido a la presencia de actores armados, el desplazamiento y los combates día y noche y cerca a viviendas de la gente.

Asesinatos, amenazas, señalamientos, retenes legales e ilegales, amedrentamiento y presión constante por parte de los actores armados solicitando información.

Daños de cultivos y cosechas.

Casas averiadas debido a los ametrallamientos y bombardeos.

Contaminación de nacimientos de agua para uso domestico con restos de empaque alimenticios y desechos químicos para fabricar explosivos.

Atropello a los Sitios Sagrados de las comunidades indígenas, mediante la ubicación de bases y campamentos de los actores armados.  

Redes eléctricas averiadas por efecto de los bombardeos aéreos y las pipetas.

La denuncia realizada por la ACIN, llama la atención a la falta de acciones concretas por parte del gobierno nacional, que permita tranquilidad tanto a las comunidades, autoridades indígenas y a las organizaciones de la región. Contrario al descuido e indiferencia del gobierno, han sido las acciones de la ACIN con sus Programas, Tejidos, guardia indígena, personal y con los pocos recursos quien ha respondido a la crítica situación humanitaria.